MADRID.— Ocho periodistas han sido asesinados en los últimos seis meses en Latinoamérica. Más de uno por mes. Murieron en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela, según consigna en sus conclusiones la 64 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en esta capital la semana pasada.

Y no es la única mala noticia. Sí la más impactante y la más condenable: hay quienes disponen matar a un ser humano para impedirle decir lo que sabe. No quieren que la gente sepa lo que hacen.

Pero con ese propósito de acallar, no sólo están los que matan. Son muchos más los que a través de otros mecanismos procuran encorsetar la actividad de los periodistas, recortar el derecho del público a informarse y manipular la infomación que reciben los ciudadanos.

En esa tarea, incluso, son más efectivos que los asesinos: consiguen distorsionar la información, limitarle las noticias a la gente y crearles confusión y además cuentan con el privilegio de no ser ubicados en la casilla de los delincuentes, como ocurre con aquellos otros.

En sus conclusiones, la SIP incluye entre las grandes amenazas contra la libertad de prensa “el recrudecimiento de las relaciones entre gobierno y prensa, caracterizado por constantes y sistemáticas agresiones verbales provenientes de altas autoridades, con el objeto de desprestigiar la labor periodística” y que además se concretan en el uso inapropiado de fondos públicos por parte de los gobiernos para presionar y discriminar a los medios de comunicación.

La publicidad oficial, aunque no es el único instrumento que utilizan, es de los más efectivos; y no sólo por lo que condiciona a aquellos sensibles a la presión o al dulzor de las monedas y por la efectiva erosión —forma de clausura o asesinato a más largo plazo— que consigue en los medios y periodistas que no están dispuestos a renunciar a su independencia y patear para el costado la ética profesional, sino porque es un método disimulado.

Es una práctica tan letal e ilegítima como el asesinato, pero no siempre es fácil de ver: para los ciudadanos no tiene ese impacto ni esa “elocuencia” pero, sin embargo, para su derecho a informarse es aún más grave.

Lo ven los dirigentes políticos, pero cuando están en la oposición; cuando llegan al gobierno, en su mayoría, se olvidan y contraen el hábito.

Pero a este tipo de ataques a la libertad de prensa y a la vez conducta corrupta, como bien lo señala la SIP en una de sus resoluciones, se han sumado otras armas, aún más efectivas: la persecución fiscal y la acción de jueces y fiscales temerosos y sometidos al poder.

Son varios los gobernantes que largan sus “perros” a inspeccionar las cuentas de los opositores y de los independientes, con la orden de encontrar algo, lo haya o no. Pero peor aún es la tarea de jueces y fiscales que olvidan los más sagrados principios de su función y se ponen al servicio del mandamás de turno, renunciando a ser garantía —maravillosa responsabilidad— de los derechos y libertades de los ciudadanos.

La realidad empeora y el discurso va por otro lado, lo que conforma una situación doblemente mala.

Basta un un ejemplo: el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo en su discurso ante la asamblea de la SIP que es “inaceptable” que en la actualidad haya 140 periodistas presos en distintas cárceles del mundo.

De éstos, 26 lo están desde hace cinco años en las cárceles cubanas. Y esto no sólo lo dice la SIP, lo afirma el Comité de Protección de los Periodistas, Reporteros sin Fronteras y el Comité Mundial de Libertad de Prensa, entre otras organizaciones. El régimen castrista no admite los disidentes.

Parecería que tampoco los admiten, a los disidentes cubanos, los países de la Comunidad Europea. Por lo menos en las fiestas que dan en sus embajadas en La Habana. Ese fue un logro de Zapatero. Según la prensa española, este 12 de octubre —en cumplimiento con esa conquista— los disidentes cubanos aún libres no estaban en la lista de invitados a la Embajada de España, para los festejos del Día de la Raza.

El autor es presidente honorario de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)