Apenas el lunes fue atacado con granadas un puesto de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Tecpan de Galeana, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero.

Estos atentados, reconoció anoche la Procuraduría General de la República (PGR), representan un “ajuste de cuentas del crimen organizado” en represalia por los operativos que se realizan contra estos grupos en diversas regiones del país.

Primeras investigaciones

De acuerdo con reportes del director de la PIM, Érik Montúfar Mendoza, el primer ataque se dio a las 10:30 horas de ayer cuando los sujetos bajaron de una Suburban negra y un Jetta blanco, ingresaron a las instalaciones de la delegación municipal de la policía en Ciudad Renacimiento —donde se ubican las oficinas de la policía local, además de la coordinación de la PIM y una estación de bomberos.

Los sicarios se identificaron como agentes federales e informaron a los ministeriales que iban a revisarles sus armas. Cuatro de ellos se dispersaron en el segundo piso del edificio para alertar a la gente que ahí se encontraba que no se moviera de su lugar, mientras los apuntaban con sus armas, además de advertir a los elementos de la Policía Preventiva Municipal que no intervinieran.

Los otros cuatro individuos —dos de ellos vestidos con traje y uno más con una cámara de video, que filmó las ejecuciones— se introdujeron al departamento donde permanecen en guardia los agentes de la Policía Investigadora Ministerial, en el primer piso, y accionaron sus armas calibre AR-15 y nueve milímetros en contra de tres personas.

Las víctimas fueron identificadas como María de los Ángeles González Carrera, secretaria de guardia de la comandancia de la PIM en Renacimiento, de 38 años; el agente ministerial Salvador Rodríguez López, y Félix Suástegui Piza, de 63 años, padre del comandante titular Rodolfo Suástegui, quien no estaba en el lugar al momento de los hechos.

Según información extraoficial, Rodolfo Suástegui había recibido amenazas de muerte en dos ocasiones y su comandancia ya era investigada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Media hora después, el mismo grupo de individuos atacó la comandancia de la PIM de la populosa colonia Emiliano Zapata, ubicada en la periferia de Acapulco.

El sujeto que portaba la cámara de video también filmó estos hechos.

En este segundo ataque ingresaron al inmueble, desarmaron a los ministeriales que había y accionaron sus pistolas y rifles de grueso calibre contra la secretaria de turno, Griselda Olivares Méndez; el titular del Ministerio Público, Carlos Castillo Campos, y los policías ministeriales Raúl Narciso Hernández y José Luis Santoyo Vergara.

A las 13:30 horas, la PIM ubicó los dos vehículos que se utilizaron en ambos ataques: una Suburban negra con placas de circulación 605-QPK del Distrito Federal, en cuyo interior había chalecos antibalas, uniformes tipo militar y ocho armas de alto poder; y en el Jetta color blanco con placas GZC-1053 del estado de Guerrero, un rifle AK-47 y dos rifles AR-15. Ambas unidades estaban encendidas y se localizaron sobre el callejón Cesáreo Ramos de la calle Jesús Salgado, sector dos de Ciudad Renacimiento.

Fue hasta 40 minutos después de los ataques que llegaron al lugar elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva. Ambos sitios fueron acordonados por miembros de las policías Investigadora Ministerial, Estatal Preventiva y municipal; un helicóptero de la PFP sobrevoló el área y se montó un operativo en toda la ciudad en busca del grupo armado.

Alerta roja

Tras ambos hechos, se decretó “alerta roja” en el puerto de Acapulco, informó Montúfar Mendoza.

En previsión de otro ataque, se ordenó desalojar al personal de las oficinas de la PIM en Acapulco. Las labores se reanudaron por la noche, aunque algunas comandancias están resguardadas por el Ejército.

Todo esto ocurre a tres semanas de que inició el Operativo Conjunto Guerrero, donde participan más de 2 mil 500 elementos de diversas corporaciones federales.

Anoche, en un comunicado, la PGR informó que la SIEDO inició las pesquisas de los ataques, e insiste en que “el gobierno federal no retrocederá ni cederá ante los embates del crimen organizado, y hace un llamado a todas las fuerzas políticas a cerrar filas para fortalecer al Estado mexicano en esta guerra frontal contra el narcotráfico”.

El secretario de Gobierno de Guerrero, Armando Chavarría, dijo que si continúan estas ejecuciones es porque el Operativo Conjunto no inhibe al cien por ciento al crimen organizado. (Con información de Silvia Otero y Juan Cervantes, reportera y corresponsal)